La funcionaria de la APAT, que también
es Teniente Alcalde, ha interpuesto una demanda contra la institución
provincial denunciado “un traslado improcedente” desde la oficina
de Órgiva a la de Albuñol
El Ayuntamiento de Órgiva ha
denunciado “la actitud caciquil” del gobierno de la Diputación
de Granada por trasladar a una funcionaria de la oficina de la APAT
de Órgiva (organismo dependiente de la institución provincial)
hasta la oficina de Albuñol, quien además también ejerce de
Teniente Alcalde de Urbanismo, Obras Públicas, Tráfico y Recursos
Humanos en el consistorio orgiveño. Un hecho que desde el equipo de
gobierno consideran de “acoso laboral en toda regla y que supone un
grave perjuicio para nuestra compañera de corporación así como
para el normal funcionamiento de la institución local.”
El pasado lunes, la edil y funcionaria
de la APAT, Pilar Manrique, interpuso una demanda en el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo número 1 de Granada contra la Diputación
provincial de Granada denunciando “un traslado improcedente” y
aludiendo que “se me habían atribuido temporalmente unas funciones
en la oficina de Albuñol que, aunque no me correspondían hacerlas a
mí, las cumplí en el mes de diciembre y desde entonces hay un
silencio administrativo por el que me he visto obligada a acudir a
los juzgados”.
Mientras tanto, según denuncia
Manrique, que ejerce las labores de Jefa de Zona en Órgiva desde la
oficina de Albuñol, “no estoy ocupando un despacho sino una
habitación destinada al archivo”, y además ha criticado “la
situación surrealista en la que mientras en Órgiva se quedan solo
los auxiliares, en Albuñol estamos dos jefes, uno de zona y otro de
agencia”.
Por su parte, la alcaldesa de Órgiva,
María Ángeles Blanco, ha tildado este traslado de “venganza
política del presidente de la institución provincial, Sebastián
Pérez, quien pretende ganar a golpe de poder lo que no ha logrado su
partido en las urnas de este municipio”. Asimismo ha considerado
este traslado “como un destierro que ha sobrepasado la raya del
juego de la política, con unos gobernantes que usan su poder para
perjudicar a quienes se les pongan por delante aunque para ello haya
que saltarse los derechos laborales de los trabajadores. Consideramos
además que el traslado tiene que realizarse a través de concurso
público y no de la forma tan ruin en la que se ha realizado
saltándose a la torera el Estatuto Básico del Empleado Público,
humillando y acosando laboralmente a esta trabajadora”.
Blanco ha añadido que “tras
numerosas conversaciones con los responsables del gobierno de la
Diputación provincial, la respuesta es que ni el presidente de la
institución, Sebastián Pérez, ni su diputado y concejal en este
ayuntamiento, Francisco Tarifa, ni siquiera el portavoz del PP en el
Ayuntamiento, Antonio Trujillo, ni saben ni entienden del tema”. La
primera edil ha subrayado además que “esta venganza política es
fruto de las miserias humanas, recordando que, al contrario, cuando
el mismo diputado, Francisco Tarifa, estuvo en una comisión de
servicios en el instituto de Órgiva porque era concejal en este
ayuntamiento, aun teniendo su plaza en otra provincia, el disfrutó
de ese derecho, pero sin embargo nuestra concejala, que además tiene
su plaza en la APAT de Órgiva, se ha visto desterrada de su puesto
de trabajo sin contemplación alguna”.
Blanco,
por tanto, ha lamentado que “actitudes como esta sólo pretenden
obstaculizar el digno ejercicio de la política, lo que hace que los
ciudadanos se desapeguen y la cuestionen cada día más, porque hay
partidos como el PP que anteponen sus intereses a los de los
ciudadanos y no les importa saltarse la democracia o a las personas
para conseguir rédito político para ellos”. Por último, la
alcaldesa ha hecho “un llamamiento a la justicia para que valoren
la situación y que no permitan que el gobierno de la Diputación se
salte los derechos de los trabajadores, en este caso de nuestra
compañera de corporación, por una cuestión de venganza política”.