El equipo de gobierno (PSOE) y el grupo
de Los Verdes han criticado la “imposición” por parte del
gobierno provincial para que los ayuntamientos se adhieran al
convenio “sí o sí”
El equipo de gobierno del Ayuntamiento
de Órgiva ha interpuesto un recurso en el Contencioso Administrativo
contra la ordenanza que regulará la gestión del tratamiento de los
residuos sólidos urbanos municipales por parte de la Diputación
provincial. Un hecho que la alcaldesa, María Ángeles Blanco, dio a
conocer en la sesión plenaria de carácter extraordinaria celebrada
el pasado viernes por la tarde en el Ayuntamiento de la localidad. En
dicha sesión se abordó la encomienda a la institución provincial
de la gestión del nuevo servicio y que fue aprobada por unanimidad
de todos los grupos políticos (PSOE, PP y PA) excepto el grupo de
Los Verdes, cuyo concejal, Jordi Jutglar, optó por ausentarse
durante la votación al estar en contra “de la formas en las que la
Diputación ha impuesto esta propuesta de gestión con tintes
autoritarios”.
Una crítica de la que la alcaldesa
también se hizo eco justificando el recurso interpuesto “porque se
trata de una imposición hecha por la diputación contra todos los
ayuntamientos a los que se les ha forzado mediante un ultimátum de
15 días a adherirse al convenio sí o sí”. “No obstante”, ha
señalado, “mientras se resuelve el recurso, del que esperemos la
justicia nos dé la razón, hemos apoyado la adhesión a este
convenio porque entendemos que no íbamos a dejar a nuestros vecinos
sin este servicio”.
Además, la edil ha criticado duramente
la ordenanza de la gestión que establece la tasa de basura
atendiendo al valor catastral de la vivienda “en vez de a la
cantidad de basura que se genere” por lo que ha añadido que “esto
va a provocar que unos vecinos paguen más que otros e incluso otros
no paguen nada ya que en nuestro municipio aún hay viviendas que no
están dadas de alta en el catastro. Además desde Diputación nos
van a girar 3.419 recibos de la basura cuando nosotros estamos
girando 4.700 recibos conjuntamente con los recibos del agua”, por
lo que se ha preguntado “¿qué va a pasar con los 1.300 recibos
restantes?”.
La edil ha matizado que “nos da rabia
que se nos imponga una medida que no comparte casi nadie y que la
pretendan llevar a la fuerza, esto sólo responde a que puedan haber
intereses ocultos. Nos están poniendo a los ayuntamientos entre la
espada y la pared con una medida que nos ha puesto encima de la mesa
diciéndonos que si lo quieres lo tomas y si no también”.
Asimismo Blanco ha denunciado que “este
convenio se encuadra dentro de la base de las políticas del PP desde
la que pretenden privatizar todo incluidos los ayuntamientos puesto
que nunca han creído en lo público. Su política es cargárselo
todo y quitar competencias a las instituciones locales para que
servicios tan básicos y necesarios para nuestros vecinos, tales como
la gestión del agua y la recogida de la basura, los terminen
prestando a empresas privadas”.
El portavoz y concejal del PP, Antonio
Trujillo, ha señalado por su parte que “este convenio podrá tener
aspectos discutibles pero desde la Diputación se tiene que
establecer unas normas para poder gestionar en su conjunto los 168
municipios de la provincia. Además ha señalado que desde la
institución provincial se está ofreciendo soluciones con el
adelanto del dinero de los recibos de la basura sin cobrar intereses
a los ayuntamientos.”
Por otro lado, el concejal de Los
Verdes, Jordi Jutglar, dirigió sus críticas a “las formas de
aplicar este convenio por parte de Diputación con tintes
autoritarios”, añadiendo que “adherirnos o ser forzados a
adherirnos es una forma poco democrática”. Finalmente, la
encomienda de la gestión de los residuos sólidos urbanos a la
Diputación fue aprobada por unanimidad de todos los concejales
presentes en la sesión extraordinaria, (6 PSOE, 3 PP y 2 PA).